Discurso del Dr. Alfredo Morles Con Motivo del Bautizo del libro con Motivo del Centenario del Presidente Caldera

Discurso del Dr. Alfredo Morles Hernández el día 24 de enero de 2016,  a las 11 a.m., en Caracas, en la Quinta La Esmeralda, con ocasión de la celebración del centenario del nacimiento del Dr. Rafael Caldera

Señoras y señores:
I
Quiero comenzar por expresar a la familia Caldera-Pietri mi más profundo agradecimiento por el honor que me han dispensado al pedirme que diga unas palabras en este día tan significativo. Las celebraciones del cumpleaños de Rafael Caldera eran un acontecimiento de la familia Caldera, predominantemente solo de la familia Caldera mientras Caldera vivió. Después algunos cumpleaños se han convertido en actos como el de hoy, en que una multitud de admiradores se une a la familia Caldera para festejar su vida fecunda, para recordar los viajes de este héroe civil sin reposo por tantos lugares del pensamiento a los cuales nutrió con su reflexión, con su fe y con su conducta.
Hoy se cumplen cien años del nacimiento de Rafael Caldera, un venezolano notable por muchos motivos, merecedor del recuerdo respetuoso y de la admiración de sus conciudadanos. Estando en ejercicio de la presidencia de la República en 1972, Wilfred Jenks, jurista británico que ejerció la Dirección General de la Oficina Internacional del Trabajo, redactor de un documento que fue el origen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y recibió un reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas por haber realizado aportes significativos en la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, le dijo en un discurso que pronunció frente a él:
“A usted, señor Presidente, le respetan en toda América Latina y en otras partes del mundo, como un símbolo de la política social iluminada…A usted le ha tocado la suerte singular de servir durante toda su vida a los ideales de su juventud. Esta bienaventuranza no ha sido una merced de los dioses; ha sido ganada por el carácter, por el valor moral, la voluntad estoica y el talento, por las cualidades del alma y la mente, apoyadas siempre en una fe profunda en el destino humano, que han desafiado a la adversidad y prestado sobriedad al triunfo”.
Edgar Sanabria, al responder el discurso de incorporación de Caldera a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, afirmó:
Todos reconocen la autoridad y el elevado puesto que ha logrado alcanzar en la sociedad venezolana, como la sólida reputación y verdadera estima de que goza aun fuera de la República. Nadie jamás, ni sus más acérrimos contrarios, en las épocas más turbulentas de la política, ha negado, desconocido o menoscabado sus preclaros merecimientos, de largo atrás pregonados por la fama.
 Estadista sereno, se ha visto en él a un reconocido ideólogo del movimiento de la democracia cristiana, cuya especificidad contribuyó a fijar y divulgar desde el reconocimiento de la dignidad de la persona humana: “La valoración del concepto de la persona humana constituye uno de los elementos más característicos de la Democracia Cristiana dentro del pensamiento político de nuestro tiempo”, escribe Caldera; político, de quien se ha dicho, con absoluta corrección, que “es uno de los protagonistas más destacados e influyentes del siglo XX venezolano, y sus convicciones y testimonios, por tanto, son de primera importancia para comprender el desarrollo de la democracia en Venezuela”;  fundador de partidos socialcristianos, los juicios de sus contemporáneos en torno a él tienen un elemento común fundamental: el respeto hacia su figura; y oscilan, como es natural, entre la crítica, a  veces injusta, de sus adversarios, y la admiración apasionada que le brindaron sus partidarios por mucho tiempo; gobernante, actuó como hombre de paz y de armonía que buscaba la realización del bien común a nivel nacional y de la justicia social internacional en la práctica diplomática de los estados; administrador de la cosa pública, procedió con rectitud ejemplar y con honestidad indiscutida; escritor, fue muy joven autor de una biografía de Andrés Bello que fue premiada en un certamen abierto por la Academia Venezolana de la Lengua y que la crítica literaria e histórica ha juzgado como un texto altamente valioso; profesor universitario, expositor riguroso y elocuente, amaba su cátedra,  instrumento de transmisión del conocimiento y de discusión de la verdad, haciendo de la docencia un deber de ciudadanía y de cultura de tal categoría que cuando fue conminado a escoger entre la función pública legislativa y la cátedra no dudó en decidirse en favor de esta última; académico, fue individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua, aclarando en su discurso de incorporación que si bien no era un profesional de la literatura ni le había dedicado su tiempo a la filología o a la gramática, le había correspondido ser de aquellos para quienes el lenguaje, además de instrumento de comunicación, había sido instrumento indispensable de trabajo, llevando a la Academia el testimonio vivo de lo que el lenguaje significa como vehículo para la comprensión y solidaridad de los seres humanos, entregando como aporte en el acto de incorporación sus reflexiones sobre la importancia del lenguaje como hecho social y su significación como factor de primer orden para la integración de América Latina. Recogió en su discurso la preocupación de Bello y la angustia de Cuervo sobre el posible desmembramiento del idioma, contrastando esos sentimientos con el optimismo de Juan Valera, quien pensaba en que el aislamiento de las repúblicas americanas sería menor cada día y solo en un muy remoto porvenir, que iría más allá de toda predicción humana, podría pensarse en la creación de lenguas distintas. Se complacía en reconocer que el balance de las opiniones entre unidad y fragmentación se inclinaba decididamente hacia la vertiente de la unidad y confiaba en la unidad cultural y en la integración económica de América Latina, unidad cultural dentro de la cual la preservación de la identidad sustancial del castellano promovida por Bello ocupaba lugar preponderante; académico, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, fue escogido para suceder en el sillón académico a su padre, el Dr. Tomás Liscano, de quien dijo en uno de sus discursos más emotivos, que “cuando tuvo la satisfacción de sentir que estaba en su mano escoger, escogió: en vez de la ventaja propia, el honor y la paz de la conciencia; en lugar de riquezas, el amor por la ciencia jurídica”. En su discurso de incorporación desarrolló la tesis de la construcción de una Sociología Venezolana, afirmando: “Concibo la Sociología Venezolana como una aplicación de la teoría general de la Sociología al estudio específico de nuestra realidad colectiva; como una indagación, para ese estudio, de la observación social recogida en las mejores obras e interpretada por los más altos representantes del pensamiento nacional; pero, especialmente, como el intento de orientar las investigaciones pertinentes hacia un terreno de disciplina científica”; “no veo  por qué no pueda ni deba acometerse la tarea de sistematizar el conocimiento sociológico de una realidad social dada. Menos aún ha de postergarse ese deber, cuando se trata de una realidad tan rica como lo es la vida nacional y cuando su conocimiento científico se requiere para ofrecer a los estadistas base firme sin la cual fallaría todo intento de mejoramiento colectivo. Así entiendo…la Sociología Venezolana; no como una Sociología distinta que no reconoce su fuente en el conocimiento universal”; orador, tal como afirma Rafael Tomás Caldera en su discurso de incorporación a la Academia Venezolana de la Lengua como sucesor de su padre, “sentía la responsabilidad de hablar para marcar rumbos, para multiplicar lo positivo de la acción y la fe”, y agrega Rafael Tomás: “se formó de esta manera la figura de uno de los grandes oradores venezolanos del siglo veinte, siglo que conoció —para honra de la nación— figuras de mucha relevancia en el campo de la oratoria y de las letras”; orador que deslumbró a sus oyentes al despedir los restos mortales de Rómulo Gallegos; orador, cuya voz “se apoderó de la conciencia de la República democrática” en la oportunidad de los sucesos de 1989 y de 1992_; orador que conmovió a sus conciudadanos de tal modo en 1992, que Manuel Alfredo Rodríguez dijo: “Pocas veces en la historia de Venezuela un orador pudo decir, con tan pocas palabras, tantas cosas fundamentales y expresar, a través de su angustia, la congoja y las ansias de la patria ensangrentada”; católico practicante, de fe sincera, trató e hizo amistad con algunos de los más altos dignatarios de la Iglesia Católica, incluyendo Papas como Juan Pablo II, se interesó siempre por el pensamiento social contenido en encíclicas y otros documentos eclesiales, los que estudió, analizó, aprovechó y divulgó; jurista, iusnaturalista, su posición ideológica no fue irreflexiva. Así como enseñaba en sus clases de Sociología Jurídica que “el Derecho como norma no puede conocerse suficientemente sin conocer su esencia ontológica y su aspecto de hecho social”, procedió, como dice Bobbio que hay que procurar hacer en la clásica contraposición entre el iusnaturalismo y el positivismo jurídico: “Más que un contraste entre concepciones del derecho, la contraposición entre iusnaturalismo y positivismo jurídico se lleva a cabo entre nuestra vocación científica y  nuestra conciencia moral, entre la profesión de científico y la misión como hombre”, por lo cual hay que partir del contenido mínimo del positivismo jurídico que considera que solo aceptando el método de investigación utilizado y recomendado por el positivismo se logra la aproximación a aquel ideal de rigor sin el cual no hay ciencia en el sentido tradicional de la palabra, sino tan solo opinión; y, al mismo tiempo, se reconoce que hay un sentido de iusnaturalismo según el cual solo la apelación a valores últimos que trasciendan todas las leyes positivas, impuestas o justificadas por quienquiera que sea, salva, en última y desesperada instancia, la libertad de la conciencia y la austeridad y la integridad de nuestra vida moral.
El estadista sereno, el político culto, el escritor sensible, el católico practicante  y el iusnaturalista reflexivo se unen en la tarea de proporcionar al jurista los elementos que le van a permitir ser un jurista integral para abordar la construcción legislativa y doctrinal del derecho laboral venezolano; la formulación de los principios y la concepción de la estructura y del sistema del derecho constitucional de la era democrática venezolana, recogidos en la Constitución de 1961, que tiene los atributos de estado democrático, de estado de derecho, de estado social, de estado de servicio; y la propuesta de la incorporación de la justicia social internacional como norma jurídica en la conducta de los estados y en las prácticas del derecho internacional público del porvenir. Esa tarea de construcción la llevará a cabo Caldera cuidando los linderos entre ciencia e ideología, sabiendo que “…en materia social nunca habrá ciencia sino ideología, y tal vez la más peligrosa de las ideologías sea la que no se reconoce a sí misma como tal, pretendiendo ser neutra, imparcial y científica”.
II
Caldera y el derecho laboral venezolano
  Rafael Caldera es el redactor principal de la Ley del Trabajo de 1936 y el autor de Derecho del Trabajo, publicado en 1939, texto que es inicialmente su tesis de grado. En consecuencia, Caldera comienza la construcción de la legislación e inicia la elaboración del pensamiento doctrinal en el campo del derecho laboral venezolano, pero sus méritos son mucho más importantes que el de un esforzado pionero.
Los comentaristas de la Ley del Trabajo de 1936, estimada como “un verdadero código por su estructura y contenido”, han observado que este instrumento normativo  “adoptó la forma estructural de una ley central de principios generales, no cayendo en detalles o pormenorizaciones, los cuales dejó a su reglamentación, permitiendo así una más fácil adecuación de sus normas a los continuos cambios y transformaciones que impone la dinámica social”. Caldera, expresamente, consideraba que las innegables ventajas que tiene una legislación codificada no bastaban, sin embargo, para hacerla aconsejable “todavía”, porque los beneficios no excluían graves inconvenientes, “pues esta rama nueva del Derecho vive, por su vinculación inmediata a las circunstancias sociales, en estado de activa evolución. Hacer estático el molde de las relaciones sociales es condenarlo a una cristalización prematura”, pero agregaba una salvedad importante: que esto no significaba “rechazar las ventajas de que haya en cada país una legislación central, orgánica, que establezca los principios fundamentales sobre los cuales habrán de levantarse sus normas específicas y deje al mismo tiempo margen amplio para la adecuación a nuevas necesidades, a nuevas estadísticas y a nuevas concepciones. Ésta puede suministrar todas las ventajas de un Código, sin sus inconvenientes”. Concluía Caldera que este sistema había sido el adoptado por México, Bolivia y Venezuela, “especialmente adecuado en los países latinoamericanos, frescos todavía en el proceso de su transformación industrial”. En la edición de 1960 de Derecho del Trabajo, Caldera agregaría: “He calificado de encomiable que la Ley del Trabajo haya asumido su papel de ley orgánica central y no pormenorista. Establecer detalles, sobre todo en 1936, era comprometer su eficacia, facilitar que ella pasara a la gaveta de las ilusiones inaplicables. En cambio, su carácter de ley central, por un lado, evitó los inconvenientes que se han sentido en los países que poseen una legislación fragmentaria, y por el otro, sorteó los obstáculos de un código minucioso e intocable, que al correr de las rápidas transformaciones sociales se divorciara de la vida real y pesaría como inmenso parásito sobre la estructura nacional”.
Un respetado especialista venezolano, Óscar Hernández Alvarez,  refiriéndose al período de nacimiento y formación del derecho del trabajo venezolano ha observado  que con la promulgación de la Ley del Trabajo de 1936 “nace el derecho del trabajo en Venezuela”; “en el período que va de desde 1936 hasta 1947 se producen en dinámico proceso el nacimiento efectivo, la formación acelerada y lo que es más importante la vigencia real del Derecho del Trabajo venezolano”. En este período, agrega Hernández Álvarez, “fueron formándose los cimientos de nuestra jurisdicción laboral y se publicaron los primeros trabajos doctrinarios sobre la materia”. El propio Caldera, en el prólogo de la segunda edición de su libro Derecho del Trabajo, de 1960, observa que “pocos hechos históricos más felices, de recepción de un ordenamiento jurídico por una realidad social, que el de nuestra legislación del trabajo”.
 La obra codificadora de Rafael Caldera contenida en la Ley del Trabajo de 1936 sería suficiente para concederle un lugar de honor como jurista, pero su libro “Derecho del Trabajo”, publicado casi simultáneamente en 1939, es “una de las piezas de mayor trascendencia e influencia en nuestra literatura jurídica” según el Decano Nikken, opinión que recoge el consenso de la comunidad jurídica nacional e internacional. Esta obra  descubre su pensamiento doctrinal y será la base y el punto de partida de las reflexiones de la dogmática jurídica que harán del derecho del trabajo una rica y dinámica disciplina. Esta obra revela al jurista integral que es Caldera: legislador y pensador; hombre de acción y hombre de ideas. Su definición del derecho del trabajo como el conjunto de normas jurídicas que se aplican al hecho social trabajo, revelador de que más allá del derecho positivo existen los principios que justifican las disposiciones legales, manifestación de su adhesión al iusnaturalismo, será más tarde explicada por él mismo afirmando que el derecho del trabajo, en síntesis, no es sino la justicia social aplicada al trabajo; y que el derecho del trabajo ha rodeado al hecho social trabajo de una serie de requisitos derivados del reconocimiento de la dignidad de la persona humana del trabajador, noción que echa por tierra la idea de la economía capitalista del trabajo como una mercancía, es una toma de posición política que la doctrina no ignorará. Estos conceptos están basados en ideas que Caldera desarrollará y defenderá el resto de su vida y en todos los ámbitos en los que le tocará actuar, ideas que recordará en su último mensaje, en el cual alude al combate entre los extremos del liberalismo económico y el socialismo colectivista, ideas que están en sintonía con la doctrina social de la Iglesia Católica de la época, cuyas bases esenciales encuentra inicialmente en las encíclicas Rerum Novarum de León XIII, Quadragesimo Anno y Divini Redemptoris de Pío XI, y enriquecerá con documentos posteriores.
Con la llegada del sucesor de Rafael Caldera al poder se fractura el sistema jurídico venezolano y se inicia una etapa de destrucción institucional que incluye la legislación laboral, pero el 6 de diciembre de 2015 el pueblo de Venezuela, rotundamente, anuncia que desea volver al camino civilizado que llevaba hasta 1999, pero esta es otra historia.
III
Caldera y el derecho constitucional venezolano
En la comunidad jurídica existe consenso en reconocer que en su condición de copresidente de la Comisión Bicameral Redactora del proyecto de constitución de 1961, Rafael Caldera intervino de modo decisivo en la redacción de muchas de sus disposiciones, tal como lo hizo con el Preámbulo y con la Exposición de Motivos. Ha sido señalado que aunque no fue catedrático de derecho constitucional ni autor de obra escrita sobre esta disciplina, Rafael Caldera hizo derecho constitucional desde su condición de fundador y líder máximo de la democracia cristiana venezolana, desde el parlamento y desde la presidencia de la república. Por ello, cuando la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, en 1979, recogió en una obra admirable coordinada por la profesora  Tatiana B. de Maekelt, una colección de estudios de derecho constitucional en su homenaje, el Decano Nikken pudo decir que Rafael Caldera había consagrado sus desvelos, con tesón y constancia, al establecimiento y consolidación del estado de derecho y había sido actor fundamental de nuestro desarrollo democrático, resaltando que Caldera había sido “uno de los artífices de un régimen político que, a pesar de sus deficiencias e imperfecciones, nos enorgullece ante el mundo”, opinión que es compartida por el mundo político democrático del país.
Existe una total correspondencia entre el sistema democrático que se pretende edificar a partir de 1958 y la Constitución de 1961. En ese texto están reflejadas las aspiraciones de libertad, pluralidad, convivencia, paz y justicia que los venezolanos de la época quieren ver realizados como valores a través del consenso. Que hubo consenso para redactar el proyecto de constitución lo testimonia el propio Caldera en varias ocasiones: (i) en la Exposición de Motivos, afirma: este texto no fue obra de la transacción de unos políticos…fue la conjugación de la mejor doctrina constitucional con la mejor voluntad de aprovechar las enseñanzas de la realidad. Se escribió por gente que ha vivido intensamente, antes y ahora, la experiencia venezolana, y por gente que ha estudiado con desvelo la teoría de la organización política; (ii) al momento de la promulgación de la Constitución dice: En la Comisión y en los debates consta el elevado espíritu que pudo mantenerse, de que hay elocuente testimonio en variadas intervenciones. Se solventaron casi siempre con amplio espíritu venezolano las comprensibles discrepancias; las que subsistieron –como no podía menos de ocurrir- no alcanzan a borrar el anchuroso espacio de la convergencia; (iii) cuando la Constitución cumple 30 años, dice en el Ateneo de Caracas, en una conmemoración organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela: Difícilmente se puede lograr en Venezuela otra oportunidad en la que el consenso haya sido tan amplio como en esa ocasión.
La Constitución de 1961 es el signo de identidad común de las generaciones de políticos y de ciudadanos de 1928, 1936  y 1958 que siendo adversarios ideológicos son capaces, civilizadamente, de construir una plataforma institucional que suministre principios y reglas para organizar la vida social, económica y política, sobre la base de la democracia, de la libertad y de la pluralidad y con garantía de los derechos humanos, con sentido y aspiración de permanencia. Por ello, como tuvo ocasión de decir el propio Caldera, el Preámbulo de la Constitución logró expresar la aspiración general de los venezolanos de cualquier corriente que fuera, de cualquier tendencia ideológica, y proyectarla en el tiempo, no para la generación inmediata, sino para una generación futura.
La generación que redactó la Constitución de 1961 merece el reconocimiento de sus conciudadanos. Ya decía Mariano Picón-Salas que a veces nuestro destino nacional depende de que haya entre nosotros una segura, potente y comprensiva generación de hombres dispuestos a marchar, a equipar al país, a resolver en días lo que antes se hizo en años; hombres sin pequeñas ilusiones, porque tienen la exclusiva y casi trágica ilusión de su deber histórico. Esa generación cumplió su deber histórico y a la cabeza de ella estaba, entre otros meritorios líderes como Rómulo Betancourt y Jóvito Villalba, Rafael Caldera.
Existen numerosos estudios doctrinales sobre la Constitución de 1961, así como también muchas decisiones jurisprudenciales que han intentado interpretarla. Además, como principios y reglas de su texto han permanecido en la Constitución de 1999, se puede afirmar, sin riesgo, que la Constitución de 1961 es un instrumento normativo vivo que logró el objetivo implícito anunciado en el Preámbulo de trascender la generación que la redactó.
La redacción. No se debe olvidar que Caldera es escritor y lingüista, miembro de la Academia Venezolana de la Lengua, Correspondiente de la Real Española. El propio Caldera declara que la comisión redactora de la cual fue copresidente se propuso mantener un cierto equilibrio en la redacción; que se escogió un término medio entre constituciones demasiado detalladas y constituciones muy breves; que, por ejemplo, en materia de derechos sociales se hizo una serie de enunciados precisos, dejándole al legislador un campo muy amplio; que en materia económica, aunque se dice que el texto dejó un margen tan amplio que puede girar entre una economía bastante socializada y una economía muy liberal, el texto constitucional no permite una posición extrema: dentro de una corriente hacia la intervención del Estado y hacia la socialización de una serie de rubros de la economía no llega hasta el extremo de autorizar una economía totalmente socializada o estatizada, pero tampoco los principios para garantizar la iniciativa privada y las libertades económicas pueden interpretarse en el sentido de que representen una economía realmente neoliberal.
La estructura de la Constitución. El conocimiento que Rafael Caldera tenía de la historia de Venezuela, del derecho constitucional y de las instituciones políticas tanto desde el punto de vista teórico como desde la perspectiva de su experiencia política personal le permiten desenvolverse con soltura en el manejo de la Comisión Bicameral Redactora del proyecto de constitución y de los temas inherentes  a la estructura final que ésta adopta. Caldera conocía la historia de Venezuela y conocía las constituciones venezolanas; había participado en la reforma de la Constitución de 1936 y en la elaboración de la Constitución de 1947. Su cultura y su jerarquía intelectual le dan la formación necesaria para saber:
(i) que “cada constitución tiene como antecedente cultural la suma de las experiencias propias que el constituyente toma en cuenta para seleccionar las instituciones y darles un contenido determinado; pero también incluye una serie de demandas y expectativas que se producen en la sociedad en el momento mismo en que se lleva a cabo el acto constitutivo”;
(ii) que “poniendo a un lado las inevitables particularidades históricas, puede decirse que los rasgos básicos de la organización del Estado que han concebido las constituciones venezolanas desde la época de la independencia se encuentran determinados por la filosofía política liberal. En la Constitución de 1961, el elemento típico del Estado de derecho  (división de poderes y garantía de la libertad individual) aparece junto a la adopción de la democracia como forma concreta de la unidad política”;
(iii) que la noción de estado de derecho adoptada en 1961 es equivalente al de estado social de derecho que ha venido elaborando la teoría política y que por ello el texto consagra una serie de derechos sociales que no aparecían en las precedentes constituciones, concepto de estado de derecho que será, por cierto, desvirtuado por el de estado de justicia de la Constitución de 1999.
El ejercicio de la primera magistratura suministra muchos ejemplos del respeto que Caldera tenía por el orden constitucional y de cómo era capaz de acatar una decisión contraria a su propia interpretación del texto constitucional. Uno de esos ejemplos, que corresponde a su primer período presidencial, ha dado ocasión a su hijo Andrés para elaborar un estudio sobre el caso. Narra así el autor el incidente que se suscita entre el Presidente y el Congreso de la República con motivo de la propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para crear el Consejo de la Judicatura:
La propuesta surgió del seno de la oposición en el Parlamento y una vez sancionada la ley y enviada al Presidente para su promulgación, éste la devolvió al Congreso para su reconsideración. Sancionada nuevamente por el Congreso, el Presidente la devolvió para una segunda reconsideración y nuevamente aprobada por aquel, éste acude a la Corte Suprema de Justicia para pedir la nulidad por inconstitucionalidad. Es la primera y única vez en que se ejerció en Venezuela, bajo la vigencia de la Constitución de 1961, el veto presidencial. El episodio terminó a favor del Congreso, decidiendo la Corte, ocho a siete, la constitucionalidad de la ley.
En el epílogo de su trabajo, Andrés Caldera Pietri escribe:
El 16 de septiembre de 1969, Rafael Caldera le puso el ejecútese a la Ley y el mismo día apareció publicada en la Gaceta Oficial. En demostración de respeto al orden constitucional, asistió a la instalación del Consejo de la Judicatura que se hiciera el 28 de octubre, en el Palacio de las Academias.
Otro ejemplo, que corresponde a su segundo período presidencial, fue la repetida solicitud de que disolviera el parlamento y las instituciones judiciales y asumiera de hecho poderes totales. El propio Caldera, en discurso ante las Cortes españolas da razón del hecho:
Cuando llegué por segunda vez a la Presidencia de mi país, Venezuela padecía una severa crisis económica, política y moral. Llegó el momento en que la opinión pública se manifestaba en contra de todas las instituciones existentes, Hubo alguna ocasión en la cual, hasta el ochenta por ciento (80%) de la población llegaba a pronunciarse porque yo asumiera una actitud en la cual disolviera el Parlamento y las instituciones judiciales y empezara una nueva construcción del país. Esta opinión llegó a plantarse incluso en órganos de prensa de modo reiterado, Yo, convencido de la necesidad de hacer una profunda transformación en Venezuela, me he manifestado firme en la defensa de las instituciones, en el mantenimiento de la Constitución (que fue promulgada el 23 de enero de 1961 y que ha sido la de más larga duración en la historia política de nuestro país) y en la defensa del Parlamento…He preferido enfrentar el diálogo, el planteamiento de las situaciones, la necesidad de concertar acuerdos, que son salvadores para el sistema democrático, antes que asumir la actitud de dar un manotazo, romper lo que hemos unificado con tanta laboriosidad, con tantos esfuerzos y con tantos sacrificios y mantener la firmeza del texto constitucional, no por haber sido uno de los redactores de la Constitución de 1961, desde luego que encabecé una Comisión Parlamentaria que ha planteado una reforma general del texto constitucional, sino gracias a estar consciente por la historia y por la realidad de los hechos, de que esa ruptura –que en un momento dado podría ser saludada en forma afirmativa y hasta entusiasta por los pueblos en los cuales se realice- siempre deriva a situaciones enojosas, arbitrarias, al desconocimiento de los derechos y a recomenzar, como en el mito de Sísifo, la labor de reconstruir instituciones que requieren de permanencia, de respeto, de funcionamiento normal para que puedan realmente construir bases en el funcionamiento y en la conducta de los individuos y de los grupos sociales.
Este gesto del Caldera gobernante democrático es también un gesto del Caldera jurista integral, constitucionalista de verdad que le hace honor a su formación, a sus principios, a sus valores y a sus ideales.
Una contribución notable de Caldera al constitucionalismo venezolano fue el del intento de reforma de la Constitución de 1961. Caldera había señalado, en incontables oportunidades, la necesidad de introducir reformas en el texto constitucional: (i) en su discurso ante el Senado de la República el 11 de agosto de 1992, al iniciar el Debate sobre la Reforma Constitucional, que ya había sido objeto de discusión y aprobación en la Cámara de Diputados, se refirió a la acusación que se hacía al conjunto de la reforma, llamándolo un “mamotreto”. Defendía Caldera ese documento así: “Yo rechazo la afirmación poco meditada de que la reforma es un “mamotreto”. En ella han trabajado los más autorizados especialistas, profesores y tratadistas de Derecho Constitucional en Venezuela”; (ii) en su discurso ante las Cortes Generales de España, en Madrid, en el cual destacó el trabajo académico de Manuel García Pelayo y de Antonio Moles Caubet en Venezuela, informó: “Hemos propuesto una reforma general de la Constitución, no para quitarle a la Constitución sus atributos, que son verdaderamente dignos de confianza y de admiración, sino para ampliar la democracia representativa con una mayor participación del pueblo, a objeto de que la democracia participativa sea el complemento, el apoyo, el refuerzo de la democracia participativa que el texto constitucional establece”.
Juan José Caldera, hijo de Rafael Caldera, en un folleto publicado en 1999, dijo acertadamente sobre el proyecto de reforma constitucional de su padre:
El “Proyecto Caldera” es un documento de gran valor presente, a efectos de la actualización del marco constitucional de la República. Fue el resultado de una intensa labor de prolongados meses, en la que participaron con amplitud variados sectores muy representativos de la comunidad nacional, y el nombre con el que se le conoce deriva de que este importante trabajo fue conducido por el senador vitalicio Rafael Caldera. Allí se recogen los planteamientos de fondo que se han venido formulando en el país en los últimos años para poner al día la Carta Fundamental de 1961, que ha sido la de más larga vigencia en nuestra vida republicana.
Fundamentalmente el “Proyecto Caldera” propone el establecimiento de una democracia intensamente participativa para darle al pueblo, que es el soberano del sistema democrático, la posibilidad de intervenir directamente en la toma de decisiones esenciales para la marcha del país. A través del referéndum popular en cuatro modalidades diferentes (consultivo, aprobatorio, abrogatorio y revocatorio) y a través de la Alta Comisión de Justicia, que le permita a la comunidad poner orden en el seno del Poder Judicial. Además paralelamente se propone la incorporación de otras instituciones como la figura del Primer Ministro, la del Defensor de los Derechos Humanos y la instancia de la Asamblea Constituyente.
La “Reforma Caldera”, lamentablemente, no se aprobó en su momento. Las fuerzas políticas opositoras al gobierno del Presidente Caldera retardaron por años la discusión parlamentaria y los medios de comunicación social crearon un ambiente adverso al proyecto y a la reforma general de la constitución que éste contenía. Los lamentables acontecimientos políticos de 1998, con el advenimiento del sucesor de Rafael Caldera al poder, marcarían otro rumbo. A la hora de elaborar un nuevo texto constitucional, sus redactores aprovecharían el “Proyecto Caldera” en forma atropellada, sin la coherencia ni el rigor científico jurídico que, en forma general, tenía éste. Lo aprovecharían indebidamente para constitucionalizar el autoritarismo, como dijo José Guillermo Andueza al suceder a Rafael Caldera en el sillón de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales; lo aprovecharían indebidamente para intentar “la imposible superación del estado de derecho”, incorporando en el texto de 1999 el concepto de estado de justicia con la pretensión de que es un valor superior al de estado de derecho. Es esta una manifestación del desarrollo del pensamiento jurídico venezolano que ha provocado el siguiente juicio preocupante al respetado filósofo y jurista Francisco José Delgado: “Para quien examina el desarrollo del pensamiento jurídico venezolano de las últimas décadas, el rasgo más resaltante y perturbador es su franco y constante compromiso con visiones irracionalistas del derecho y del conocimiento. Paso a paso, concepto a concepto, principio a principio, ha sido desarmada y rechazada toda la estructura de la concepción moderna de lo jurídico y de la idea de Estado en la que adquiere sentido….Dada semejante disposición a rechazar el derecho positivo, a subestimar el valor de la ley, a cuestionar las formas del orden estatal, se hace comprensible que la teoría jurídica venezolana haya acogido con tanta simpatía la noción de Estado de justicia, sin detenerse un momento a meditar sobre la vinculación histórica de este concepto con sistemas políticos totalitarios”.
IV
Caldera y la justicia social internacional
Caldera sostuvo firmemente sus ideales socialcristianos, entre los  cuales estaba la justicia social, la cual trató de extender al campo de las relaciones internacionales, pero sus convicciones no se quedaron en la simple teoría, sino que cada vez que pudo, en el orden nacional, trató de llevarlas a la práctica. En el ámbito internacional, consciente como estaba de las realidades del mundo y de su complejidad, se propuso influenciar  a las cúpulas más altas de la Iglesia Católica (creadoras y propulsoras de la justicia social como concepto esencial de su doctrina), a jefes de estado, a organismos internacionales, a los intelectuales y a los ciudadanos del mundo sobre la conveniencia y la equidad de la justicia social internacional. Esta concepción forma parte del mejor acervo de la práctica diplomática de la república y debe enorgullecer a la diplomacia venezolana.
La justicia social internacional no es una idea escueta y aislada, sino un concepto elaborado desde una perspectiva jurídica. En ella se manifiesta, una vez más, el jurista integral que es Caldera, hombre de ideas y hombre de acción, jurista que sabe que el precepto debe ser construido lógicamente y está vinculado a principios. Esta situación la reconoce él mismo al afirmar: “si se quiere un nuevo orden internacional, hay que exigirle un fundamento ético, un fundamento moral, un fundamento jurídico. Hay que ponerlo en el plano de los deberes, en el plano de las obligaciones”.
El derecho internacional público está esperando la incorporación de la justicia social internacional en un tratado multilateral, en la forma de una obligación jurídica de los Estados, tal como la concibió Rafael Caldera. Mientras tanto, es un principio al cual deberían acudir los organismo judiciales internacionales_, un principio que explicó diáfanamente Caldera de este modo:
Así como la justicia social, en el seno de cada país, planteó relaciones nuevas entre empleadores y trabajadores, entre acreedores y deudores, en general, entre todos aquellos que al representar intereses distintos, no estaban enmarcados dentro de una equivalencia, sino más bien dentro de una diferencia de fuerzas y de posibilidades, entre países que han logrado un mayor adelanto en la acumulación de recursos y de medios obtenidos de la civilización y aquellos que están más lejos de lograrlo, hay que establecer obligaciones que se aparten del tradicional derecho internacional conmutativo, mantenido en las igualdades aritméticas, a base de que el tener más riquezas o más poder, o mayor acumulación de bienes, no confiere a los países más importantes mayores derechos sino mayores responsabilidades para asegurar la existencia de una humanidad integrada, lograr el bien común internacional y sentar el fundamento verdadero, sólido y efectivo de la paz.
Complace verificar que el concepto de justicia social internacional circula entre los intelectuales y, especialmente, entre los internacionalistas. La cancillería venezolana debería manejar ese criterio como tesis oficial del Estado venezolano.
V
Rafael Caldera amó su profesión de jurista. En el III Congreso Latinoamericano de Escritores, en Caracas, el 3 de julio de 1970, dijo: “Como un hombre de Derecho quisiera que mi vida contribuyera a la realización del ordenamiento jurídico en lo que tiene de más noble, en la conquista de la paz, en el intercambio fecundo, en el respeto a la persona humana, en la presencia de las normas superiores que han de regir la convivencia”.
Al hacer alusión a las normas superiores del ordenamiento jurídico, Caldera estaba haciendo presente lo que ha sido llamado el fracaso del positivismo jurídico en su empeño de querer desligar al derecho de su fundamentación moral, estaba reiterando su adhesión al iusnaturalismo y reivindicando el valor moral del derecho.
En su discurso de incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Julio Rodríguez Berrizbeitia, filósofo y jurista, discípulo de Caldera, cita una frase de Thomas Nagel, según la cual, una vez que entramos en el mundo para nuestra estadía temporaria en él, no hay otra alternativa más que intentar decidir en qué creer y cómo vivir, y la única manera de hacerlo es intentando decidir qué es cierto y qué es correcto. Si aplicamos ese enunciado a la vida de Rafael Caldera, nos daremos cuenta que desde muy temprano él escogió en qué creer y cómo vivir, intentando decidir lo que era cierto y lo que era correcto. Su vida y sus obras muestran que lo hizo bien. Lo hizo, además, públicamente. Toda Venezuela sabe en qué creía Caldera y cómo vivía Caldera. Y cuando trasladamos el pensamiento de Nagel a la obra del jurista integral que fue Caldera, encontramos que lo hizo excelentemente bien.
No es poca cosa poder decir eso el día en que se cumplen cien años de su nacimiento.
Muchas gracias.

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